Nadie ha podido olvidar los crímenes terroristas de ETA, ni tampoco el episodio delictivo del aceite de colza a comienzos de los años 80 en España. En cualquier caso, lo recordamos porque Criminales y otros delincuentes los tenemos para todos los gustos, desgraciadamente.
Aceite de colza: el mayor envenenamiento de la España contemporánea
En la primavera de 1981, España fue escenario de una tragedia sanitaria sin precedentes: la intoxicación masiva por aceite de colza desnaturalizado, conocida como el síndrome tóxico. Más de 20.000 personas resultaron afectadas y al menos 330 murieron, según los datos forenses y judiciales. El origen de la catástrofe fue la comercialización fraudulenta de aceite industrial, tratado con anilina y no apto para el consumo humano, que se desvió deliberadamente hacia el mercado alimentario por un grupo de empresarios movidos por el afán de lucro.
Los responsables empresariales
Entre los principales condenados por el Tribunal Supremo en 1989 figuran nombres como Enrique Salomó Caparo, Ramón Alabart Peamón, Elías Ferrero López, Cándido Hernández Galán y Jorge Pich Garriga. También destacan Juan Miguel Bengoechea Calvo, dueño de la empresa RAPSA y Ramón Ferrero, de RAELCA, señalados como cabecillas de la trama y responsables directos de la importación y distribución del aceite adulterado. Otros implicados relevantes fueron Dimas Iñigo, propietario de ALABART HERMANOS SA y Roberto Antonio, que participaron en la refinación y mezcla del aceite industrial para su venta como comestible.
La sentencia del Supremo fue clara: los empresarios eran plenamente conscientes de que el aceite estaba desnaturalizado con anilina, una sustancia tóxica y aun así lo introdujeron en el mercado, aceptando el riesgo mortal para los consumidores.
La gestión política y el papel del Estado
El caso también puso en el punto de mira a las autoridades sanitarias y políticas. El entonces ministro de Sanidad, Jesús Sancho Rof, doctor en Ciencias Físicas, fue especialmente recordado por sus declaraciones minimizando la gravedad del brote: (El síndrome) es menos grave que la gripe. Lo causa un bichito del que conocemos el nombre y el primer apellido. Nos falta el segundo. Es tan pequeño que, si se cae de la mesa, se mata. (¿Se puede ser más imbécil?) Estas palabras, pronunciadas en televisión pública semanas después de la primera muerte, marcaron la percepción pública de la gestión oficial y la falta de información.
Junto a Sancho Rof, otros altos cargos como Juan Antonio García Diez (ministro de Comercio) y Jaime Lamo de Espinosa (ministro de Agricultura) comparecieron para informar de la situación, aunque la reacción institucional fue ampliamente criticada por la lentitud y la falta de transparencia.
Las declaraciones expuestas de Sancho Rof demuestran que la estupidez, la negligencia y la irresponsabilidad no son patrimonio exclusivo de los socialistas (que, también, por supuesto). Por lo tanto, Fernando Simón ya tenía al menos un antecedente, no fue ningún pionero, ni siquiera en eso.
Aceite de colza. Consecuencias
Fue uno de los mayores macrojuicios de la historia de España, con decenas de acusados y sentencias que incluyeron largas penas de prisión para los principales empresarios implicados. Los tribunales declararon responsable civil subsidiario al Estado y le obligaron a indemnizar a las víctimas. Y, claro, pagó el Estado, o sea, los españoles, no los necios irresponsables.
El caso del aceite de colza marcó un antes y un después en la legislación de consumo y en la conciencia social sobre la seguridad alimentaria en España. Es, sin duda, uno de los episodios criminales más graves y recordados de la historia reciente del país.
